En los últimos años, el uso de drones por parte de las fuerzas del orden en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento significativo, lo que ha desatado un intenso debate sobre la privacidad y la seguridad. Estos vehículos aéreos no tripulados, equipados con cámaras de alta resolución y otros dispositivos de vigilancia, están siendo utilizados por más de 1500 agencias de policía en todo el país. Entre las tecnologías que incorporan se encuentran transmisores de video en vivo, cámaras térmicas, sensores de calor y lectores automáticos de matrículas, lo que les permite recopilar una gran cantidad de datos personales, tanto de manera intencionada como incidental.
El uso de drones en la vigilancia plantea cuestiones legales complejas, especialmente en relación con la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra registros e incautaciones no razonables. Fallos de la Corte Suprema de la década de 1980, como los casos de California v. Ciraolo y Florida v. Riley, establecieron que la vigilancia aérea realizada sin una orden judicial no violaba la privacidad cuando no hay una expectativa razonable de privacidad en lo que es visible desde el cielo. Sin embargo, la evolución de la tecnología y el menor costo y tamaño de los drones están cambiando el panorama de esta discusión. Las preocupaciones por el uso excesivo de la vigilancia aérea se han intensificado. Recientemente, el Cuarto Circuito de Apelaciones determinó que un prog...