En un reciente caso que ha generado controversia en el ámbito jurídico de Massachusetts, se ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger la privacidad de las personas bajo monitoreo electrónico. Anthony Govan, un acusado que se encontraba bajo vigilancia electrónica como condición de su liberación previa al juicio, se convirtió en objeto de un uso indebido de sus datos por parte de las fuerzas del orden. La policía, al investigar un delito no relacionado, solicitó a la división de monitoreo electrónico del tribunal la identidad y ubicación de «cualquiera» que estuviera en las cercanías del incidente investigado. Como resultado, la información de Govan fue utilizada contra él en esta nueva causa, lo que ha suscitado fuertes críticas sobre el uso de datos recopilados en tales circunstancias. Acompañado de la Comisión de Servicios Públicos para la Defensa, la ACLU y la Asociación de Abogados de Defensa Criminal de Massachusetts, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado un escrito amicus ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, argumentando que el acceso a la información de ubicación de Govan por objetivos diferentes a los inicialmente previstos no se justifica sin una orden judicial adecuada. En su argumentación, la EFF resalta el carácter coercitivo de los programas de monitoreo electrónico, donde la alternativa de estar encarcelado dificulta el consentimiento efectivo para la recolección de datos.
El derecho a la privacida...