Un grupo de 24 organizaciones, incluyendo la ACLU, Restore the Fourth, el Brennan Center for Justice, Access Now y la Freedom of the Press Foundation, ha exigido a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés) que proporcione al público una estimación precisa de cuántas comunicaciones de ciudadanos estadounidenses han sido recogidas y almacenadas en servidores gubernamentales, las cuales podrían ser revisadas por las fuerzas del orden sin un debido proceso.
Este reclamo surge tras las promesas incumplidas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de informar al público sobre cuántas personas en territorio estadounidense han tenido sus comunicaciones «incidentales» recopiladas bajo la autoridad de vigilancia establecida en la Sección 702 de la Ley de Enmiendas FISA. En una carta emitida por estas organizaciones, se sostiene que «ODNI y la NSA no pueden esperar que la confianza pública sea incondicional. Si continúan eludiendo promesas hechas a miembros del Congreso y ocultando información que han buscado insistentemente desde hace trece años, esa confianza pública se verá gravemente debilitada». La Sección 702 permite a las autoridades llevar a cabo vigilancia de extranjeros en el extranjero desde territorio estadounidense y se ejecuta en parte gracias a la colaboración de proveedores de telecomunicaciones que entregan datos y comunicaciones. Aunque esta sección prohíbe que la NSA tenga como objetivo intencionado a e...